Los criterios que han marcado las pautas de este estudio son: vertidos orgánicos e industriales, urbanismo, regeneraciones y obras costeras y la desplanificación de los Puertos de Interés General. En el informe se denuncia la desplanificación y falta de gestión de los recursos naturales que existen en la costa, lo que ha ocasionado una situación de caos.

El informe aborda el problema urbanístico según los datos del Observatorio de sostenibilidad Español (OSE) efectuados sobre los cambios en la ocupación del suelo entre los períodos 1987-2000 y 2000-2005.

Entre las conclusiones descubrimos de forma impactante datos como el aumento de las zonas urbanizadas en un 50% en esos 19 años, tanto en el interior como en el litoral, urbanizando a un ritmo escalofriante de 3 hectáreas por hora entre 2000 y 2005. Destaca la bandera negra otorgada a la costa de Marbella y Fuengirola como el caso más transformado y degradado por urbanismo en el litoral.

Otro punto de interés que denuncia este informe es el hecho de que las distintas comunidades autónomas de la costa se saltan sistemáticamente la Directiva Marco de Aguas. Ya que, ninguna de ellas depura y reutiliza sus aguas como la ley contempla.

De la misma manera, el tratamiento de los vertidos al mar que establece la ley de costas se incumple de forma sistémica. Destacando la Bandera Negra otorgada a la Cascada de la merda en el Paque Natural de la Sierra Helada en el País Valenciano como el caso más degradado por los vertidos de aguas residuales.

Ecologistas en Acción llama la atención en las carencias de la ley de responsabilidad ambiental que nos deja indefensos ante vertidos como el ocasionado por la petrolera British Petroleum en el Golfo de México. Así como, los impactos producidos por los vertidos industriales en la costa, destacando la Bandera Negra concedida a la ría de Huelva como el lugar más contaminado industrialmente.

Se derrochan 230 millones de euros anuales en las mal llamadas regeneraciones de playas y obras en costas, destinándolas a abastecer las demandas privadas. Destacando la Bandera Negra otorgada a la playa de la Barceloneta como el lugar más transformado y consumidor de dinero público de toda la costa, 60 millones de euros en los últimos 5 años.

El informe denuncia la proliferación de puertos del Estado por toda la costa, ya que no cuentan con una justificación económica y ambiental, y podrían suponer el mayor impacto de la costa española en el siglo XXI. Los puertos planificados son: Granadilla (Tenerife), Tarifa (Cádiz), Melilla, El Gorguel (Murcia), Ibiza (Baleares), Vigo, El Musel (Asturias), Pasajes (Euskadi).

Ecologistas en Acción denuncia que el origen de los problemas de esta desplanificación y lucha de poderes es la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. Ya que es la que posibilita la independencia y planificación económica por parte de cada una de las Autoridades Portuarias repartidas por toda la costa, la posibilidad de inversión privada en los proyectos y actuaciones de estos puertos de interés general y, además la posibilidad de competir unos con otros. Es decir, si traducimos esta ley, lo podemos resumir como el fin de la planificación estratégica de los Puertos del estado.