Cuando finaliza el plazo de alegaciones al Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana (Plan Especial de la fresa) WWF pide una revisión en profundidad del texto presentado ya que sigue sin dar respuesta a los graves problemas ambientales que ponen en jaque la conservación de la biodiversidad y de la propia agricultura en Doñana.

El cultivo de la fresa en Doñana es un sector muy importante desde el punto de vista social y económico. Pero su expansión descontrolada desde los años 80 ha propiciado una serie de problemas que comprometen el futuro en la zona: transformación ilegal de zonas forestales en cultivos, ocupación de cauces, pozos ilegales, proliferación de viviendas e infraestructuras irregulares, multiplicación de los caminos o acumulación de residuos plásticos son algunos de ellos.

Esta situación de ilegalidad y de falta de gestión del uso del suelo y del agua pone a muchos agricultores en una situación precaria. De hecho, el mercado europeo, destino de la mitad de la fresa producida en la zona, es cada vez más exigente en temas ambientales. La tendencia actual implica que los agricultores que no se adapten a estos requerimientos ambientales se quedarán fuera del mercado.

Aunque el plan de la fresa contiene algunos avances como la creación de corredores usando los ríos, la reducción de las dotaciones para los cultivos de regadío o la creación de una comunidad de usuarios del agua, se limita a dar soluciones parciales a los impactos causados por la agricultura intensiva, sin realizar cambios de raíz. El Plan mantiene la situación actual, que él mismo reconoce caótica e insostenible a lo largo de su Memoria. Incluso para controlar la ejecución del Plan se propone una Comisión de Seguimiento compuesta por las mismas administraciones que han llevado a la situación actual de total falta de gobernanza.

Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España: “el Plan, tal y como está redactado, se convierte en una amnistía a los ilegales, y es inaceptable”. Y añade: “queremos un plan que aborde los retos de agricultura y conservación de forma integrada, y asegure un futuro realmente sostenible para el sector agrícola. El plan presentado debe ser revisado a fondo”.

Para WWF, la Junta de Andalucía debe revisar el plan de modo que evite la amnistía de los pozos ilegales, reordene el uso del suelo y del agua, elimine las viviendas ilegales de temporeros, cierre caminos innecesarios y recupere monte público y corredores ecológicos. Para ello, propone que:

• Defina una superficie máxima de regadío en el ámbito del plan
• Elimine claramente las fincas ilegales y cierre los p0zos
• Reordene y, en su caso, traslade las fincas de las zonas más sensibles a las menos sensibles, más cerca de los cascos urbanos y las carreteras
• Elimine las viviendas ilegales de los temporeros y cierre los caminos innecesarios
• Promueva una gobernanza real que garantice el uso legal del suelo y del agua, cumpliendo con las dotaciones asignadas
• Defina un sistema de corredores ecológicos funcionales

Para del Olmo: “De no hacerse así, consideramos que el plan se convertiría en una amnistía y dentro de 10 años nos encontraríamos de nuevo en la misma situación de ilegalidad, pero con un riesgo aún mayor para Doñana”

Para ello, WWF ha presentado sus alegaciones al Plan en sus tres apartados: uso del suelo, agua e infraestructuras, asentamientos y transportes.

El problema de ilegalidad, en datos

• Existen en total 2.173 ha de cultivos en monte público y un número aún desconocido en monte privado.

• Algunos municipios poseen la mayor parte de sus cultivos de fresa en monte público (Lucena del Puerto 90%, Almonte 18%)

• El 20% de los arroyos y cursos de agua se encuentran seriamente alterados por la agricultura ilegal.

• Los cultivos ilegales compiten deslealmente con los legales. Los excedentes obligan a continuas bajadas de precio.

• Existen unas mil viviendas de temporeros y otras instalaciones en suelo rústico (naves, oficinas, etc), aparte de una enorme proliferación de caminos y tendidos eléctricos, muchos en situación precaria.

• La situación ambiental actual es la causa de la fragmentación del territorio, la sobreexplotación del acuífero, el vertido directo de aguas residuales a los arroyos y al suelo, y el incremento en el riego de incendios.

• Los 2.000 pozos ilegales abastecen a más de 5.000 ha de cultivos según se indica en el Plan. Actualmente, sólo un tercio de la superficie agrícola tiene permiso para el uso del agua

• El arroyo de la Rocina ha visto disminuido su caudal en un 50% en los últimos 30 años. Las marismas del Parque Nacional de Doñana reciben ahora tan sólo el 10% del agua que les llegaba de forma natural.

Fuente: WWF